“Durante años, las organizaciones de la sociedad civil han sido uno de los activos más valiosos y menos reconocidos del desarrollo chileno. Diversos estudios impulsados por Fundación Colunga y la iniciativa Sociedad en Acción han demostrado que estas organizaciones generan cohesión social, movilizan millones de horas de voluntariado, fortalecen la participación ciudadana, innovan en la solución de problemas complejos y llegan a territorios donde muchas veces ni el Estado ni el mercado logran responder adecuadamente. Además, cuentan con altos niveles de valoración por parte de la ciudadanía y cumplen un rol fundamental en la construcción de capital social y confianza comunitaria.
Sin embargo, pese a la relevancia de su aporte, las organizaciones sociales enfrentan hoy uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Las reglas cambiaron, ya ningún éxito pasado garantiza el éxito futuro.
Muchas organizaciones construyeron su desarrollo sobre una combinación relativamente estable de financiamiento público, experiencia acumulada y legitimidad social. Ese ecosistema ya no existe. Hoy las instituciones enfrentan transformaciones simultáneas que están modificando profundamente la manera en que deben operar para sobrevivir.
Los cuestionamientos al uso de recursos públicos han instalado mayores exigencias de transparencia, control y rendición de cuentas. Aunque la inmensa mayoría de las fundaciones y corporaciones actúa con seriedad y probidad, la crisis de confianza generada por algunos casos ha impactado al conjunto del sector. Hoy las organizaciones deben demostrar permanentemente que sus recursos son bien utilizados y que su trabajo genera resultados concretos.
Al mismo tiempo, el conocimiento avanza a una velocidad inédita. La experiencia sigue siendo importante, pero ya no basta. Las soluciones sociales deben demostrar efectividad, incorporar evidencia y adaptarse a nuevas realidades. Aquellas organizaciones que no innoven corren el riesgo de quedarse resolviendo los problemas de ayer mientras las necesidades de las comunidades evolucionan.
La competencia también aumentó. Programas que hace veinte años eran prácticamente exclusivos hoy son desarrollados por múltiples fundaciones, universidades, municipios o servicios públicos. Lo que antes era una ventaja diferenciadora puede transformarse rápidamente en una oferta más dentro de un ecosistema cada vez más poblado.
Uno de los cambios más relevantes y menos discutidos está ocurriendo en el financiamiento privado.
La filantropía empresarial y familiar ha crecido en Chile, generando nuevas oportunidades para las organizaciones sociales. Sin embargo, este crecimiento presenta una fuerte concentración territorial: la mayoría de los grandes donantes, fundaciones y espacios donde se toman decisiones filantrópicas se encuentran en Santiago. Allí se construyen las redes de confianza, se desarrollan los vínculos y se definen muchas de las prioridades de financiamiento. Mientras tanto, las organizaciones de regiones enfrentan una desventaja estructural, con menor acceso a redes de influencia, visibilidad y oportunidades para relacionarse directamente con quienes distribuyen los recursos.
La paradoja es evidente. Las organizaciones territoriales suelen conocer mejor los problemas que afectan a sus comunidades, tienen relaciones más profundas con las personas a quienes sirven y poseen una comprensión directa de las realidades locales. Sin embargo, son precisamente esas organizaciones las que con mayor frecuencia deben competir desde la distancia por recursos cuya distribución se decide en oficinas ubicadas a cientos o miles de kilómetros de los territorios donde los problemas ocurren.
El riesgo es que el centralismo histórico de Chile termine reproduciéndose también en la filantropía.
Cuando las decisiones se concentran en la capital, existe la tentación de financiar aquello que resulta visible desde Santiago y no necesariamente aquello que resulta urgente en las regiones. Se corre el riesgo de privilegiar organizaciones con mayor capacidad de relacionamiento, comunicación o presencia en redes nacionales, por sobre aquellas que desarrollan un trabajo silencioso pero profundamente transformador en los territorios.
Las consecuencias pueden ser graves. Organizaciones regionales debilitadas significan menor innovación local, menor diversidad de soluciones y una menor capacidad de respuesta frente a problemas sociales complejos. También significan una sociedad civil más dependiente de los centros de poder y menos conectada con las realidades que pretende transformar.
Frente a este escenario, las organizaciones sociales tienen dos opciones. La primera es aferrarse a los modelos que les permitieron crecer durante las últimas décadas, esperando que las condiciones vuelvan a ser las mismas. La segunda es asumir que el mundo cambió y que adaptarse dejó de ser una alternativa para transformarse en una obligación. Las organizaciones que sobrevivan serán aquellas capaces de combinar experiencia con innovación, propósito con sostenibilidad y compromiso social con excelencia en la gestión. Serán aquellas capaces de diversificar ingresos, generar valor, construir alianzas y demostrar resultados sin perder su identidad ni su vínculo con las comunidades. Porque las organizaciones sociales no desaparecen únicamente cuando se quedan sin recursos. Desaparecen cuando dejan de comprender el entorno en que operan.Y hoy, para muchas organizaciones de regiones, el desafío no es solamente adaptarse a los cambios. Es lograr hacerlo en un ecosistema donde las oportunidades siguen concentrándose lejos de los territorios donde más se las necesita”.
